EL LITIGIO PENAL ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Por: Jorge Zúñiga Sánchez
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En apariencia el tema pareciera tener pocas complicaciones, pues se trata de una práctica a la que la costumbre le ha otorgado un dudoso sello de legitimidad. Somos conscientes de que da pie a muchas dificultades, cualquier intento de armonizar los principios de “independencia judicial” y la “libertad de expresión”. El comunicador y el jurista; cada uno poseso de un poderoso fundamentalismo conceptual, defenderán “a capa y espada” la preminencia de lo propio.
Como premisa básica, estimamos que se debe imponer la prohibición a que los litigios judiciales sean debatidos con parcialidad a través de los medios de comunicación. Esta práctica no fortalece la libertad de expresión, y por el contrario, se afecta la institucionalidad democrática cuando un litigante comprometido profesionalmente con intereses ajemos, lleva ante la opinión pública sus dudas sobre la verticalidad, del director del proceso penal.
La abogacía y el periodismo son dos profesiones hermandas en el propósito de garantizar un cierto equilibrio saludable entre los que valores y principios democráticos, llamados a orientar el orden jurídico. Dicho en otras palabras, cada uno desde sus respectivas trincheras de lucha, tienen que proponerse desterrar todo resabio de la cultura y la tradición autoritarista subyacentes, que dificultan el predominio pleno de los derechos humanos, característica de estos tiempos de democracia.
Conviene precisar que no queremos dar la impresión que somos partidarios de poner frenos a la labor noticiosa, pues tenemos muy en claro, las diferencias existentes entre la información noticiosa alusiva al estado presente de caso penal especifico, siempre que sean expuestas con neutralidad y objetividad, de aquella argumentación malintencionada e interesada que busca forzar a que se dicte decisión o una medida favorable a su causa, al crear presión de parte de la opinión pública sobre la actuación de jueces y fiscales.
Como en ningún otro momento de nuestra historia, los medios de comunicación cubren sus encabezados y editoriales con los frecuentes escándalos y casos penales en el que aparecen involucrados personajes y funcionarios “de alto perfil”, quienes hoy les toca “rendir cuentas con la justicia”, provocando opiniones de “satisfacción y malestar” la que depende de la filiación partidista de los diversos grupos de la sociedad.
No alcanza nuestro reproche a las noticias policiales, ni mucho menos a los trabajos del “periodismo investigativo”, si se tratasen de asuntos judiciales ya ventilados. Mucho menos a programas que con personalidades de renombrado prestigio académico se realizaran, examinando los argumentos y la sustentación una medida o decisión judicial controversial.
A lo que nos oponemos es a las entrevistas o espacios en los que se ventilan con notoria imparcialidad, casos que se encuentran en los estrados judiciales. Nos llama la atención que ese acceso mediático no se les brinda a todos los ciudadanos, sino que esa deferencia le es permitida en los de alto perfil, en los que más que buscar “justicia, se busca crear o destruir simpatías electorales.
Si el debate judicial enfrenta dos contendores en iguales condiciones procesales, que formalmente juraron respetar a las reglas del litigio judicial, el solo intento de emplear a los medios de comunicación a su favor, sería un acto típico de deslealtad procesal. Por supuesto que esta igualdad formal, no le impide a los contendientes invertir recursos y aportar pruebas de mejor calidad así como contar con los mejores expertos en el dominio de las técnicas de lucha procesal.
En los gobiernos autoritarios, los medios de comunicación siempre quedarán bajo control estatal. La opinión pública está llamada a ejercer un rol controlador sobre toda la gestión política y gubernamental, cometido que le demanda contar con información veraz, así tener acceso a los medios de comunicación. Pero, si se permitiera la intervención directa o indirecta de la ciudadanía en la toma de decisiones judiciales, la condena o absolución de un imputado, no sería el fruto de los esfuerzos persuasivos de las partes, sino un logro nada plausible sólo para quien poseyera “chequera y apellido”, mientras que el resto de los mortales quedarían a expensas de la caridad de la justicia.
El hecho de que el contenido de una decisión o el resultado de una gestión judicial desconocida sea cuestionada en público, crearía la necesidad de la contraparte de salir a defender la rectitud del Juez, pues los medios de comunicación no son la vía institucional para atender “las sospechas” acerca de la carencia de competencia profesional o sobre la falta de atributos éticos del juzgador.
No creemos que se atente contra los valores democráticos, al proponer que la “arenga mediática” llegue a ser considerada como un medio “válido y privilegiado” dentro del arsenal procesal, pues en corto tiempo se legitimarían las encuestas de opinión, los pliegos petitorios de absolución y hasta las cuñas pagas, consultando la voluntad ciudadana para que el juez condene o absuelva.
La fortaleza de las instituciones democráticas demanda la intervención activa de la ciudadanía , sobre temas legislativos y/o controversias políticas. La formación de una cultura ciudadana deben estar involucrados la familia, la escuela, los partidos políticos y las iglesias, sin que las diferencias sean un obstáculo para lograr este propósito.
Mientras que unos crean descrédito en el trabajo de abogados y funcionarios, la mayoría se esfuerza por defender sus casos dentro de las reglas éticas y profesionales que les impone la ley. Como los menos creen que la democracia cayó del cielo, así que en el afán lograr triunfos judiciales, no les importa pisotear el clamor de ¡justicia, justicia!, que tímidamente redunda todavía en calles y avenidas .
