*La encrucijada minera*.
Lic. Abel Vergara López - Abogado.
Ciudad de Panamá, lunes 20 de noviembre de 2023.
Transcurrido un mes de protestas y multitudinarias manifestaciones a nivel nacional, tal vez las de mayor participación de la población que se recuerden desde finales de los años ochentas (1987-1989), nos encontramos a la espera de la decisión que ha de tomar la Corte Suprema de Justicia, luego de una aprobación mayoritaria de los diputados afines al gobierno (2019-2024) y sin permitir acceso a la población al interior de la sede de la Asamblea de Diputados, para expresar su opinión en contra de la aprobación de forma apresurada del contrato que permite a la empresa minera, su permanencia por una considerable cantidad de años, además del daño ecológico ya ocasionado en una amplia región entre las provincias de Coclé y Colón, justamente dentro de una reserva ecológica protegida, conocida como el Corredor Biológico Mesoamericano.
Contrasta la participación de gremios de educadores y agrupaciones de trabajadores de la construcción, que se congregan a diario en las calles de las principales ciudades del país e impiden el paso vehicular por estas vías, cuyo objetivo es continuar la protesta hasta que sea “derogada” la ley recién aprobada. Si llegara a finalizar la operación minera de una forma distinta a la pactada, esto representa un riesgo financiero para el Estado panameño en una posible indemnización a la empresa minera. Desafortunadamente y tal como ocurrió en el mes de julio de 2022, los cierres de vías internacionales por tiempo indefinido, están ocasionando nuevamente el desabastecimiento de alimentos provenientes de la región fronteriza occidental (Chiriquí y Bocas del Toro) así como la llegada de combustible a ese sector y otros países de la región centroamericana. Se ha solicitado a los manifestantes que mantienen el cierre al paso vehicular, que se permita no sólo el paso a vehículos de emergencia o enfermos, sino el paso de alimentos para que sea abastecida la población, que está sufriendo las consecuencias de la paralización del comercio local e internacional.
En esta oportunidad, ha sido la juventud que luego de presenciar el bochornoso actuar de nuestras autoridades, se ha congregado y marchado pacíficamente a diario; y ahora, en vigilia permanente en los predios de la Corte, para manifestar su rechazo ya no sólo al contrato minero, sino a la corrupción que lleva muchos años de ser una práctica usual y por la que hoy somos testigos del descontento popular. Sin embargo, también se manifiestan agrupaciones cuyo objetivo es distinto, pues un cierre o bloqueo indefinido de vías, vandalismo, destrucción y saqueo de comercios, no afecta ni al gobierno, ni a la empresa minera. La actividad delincuencial no puede ser permitida y las autoridades están llamadas a hacer cumplir la ley. Los medios de comunicación tienen una importante labor al cubrir los hechos y no se debe permitir que sean amenazados o intimidados por hacer su trabajo.
La desconfianza en las autoridades, la constante ansiedad y la desafortunada pérdida de vidas humanas producto de las protestas, nos deben dejar una importante lección, que la violencia no conduce a nada. No se puede “apagar el fuego” con combustible, es por esto que se impone lograr un consenso para lograr que volvamos a ser el país próspero y alegre, que siempre nos ha caracterizado. No podemos ahuyentar la inversión y afectar a quienes dependen del ingreso diario en las calles, afectados por los cierres de vías. Debemos permitir el regreso a las aulas de clases a nuestros estudiantes, afectados primero, por el cierre de colegios durante la pandemia y ahora, nuevamente por el cierre de vías. Se acerca fin de año, oportunidad para que muchos puedan llevar a su casa algún ingreso para celebrarlo en paz y en armonía. Es por eso que ahora más que nunca “LIBEREMOS PANAMA”.
