Comunicado de la Alianza Ciudadana Pro Justicia en relación al fallo del Tribunal Electoral del 23 de marzo de 2022
Ciudad de Panamá, 27 de marzo de 2022. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización de la sociedad civil panameña, con más de 20 años dedicada a la defensa de un Estado de Derecho, integro, equitativo e incluyente, rechaza de manera enérgica el fallo del pleno del Tribunal Electoral del 23 de marzo de 2022, con base en lo siguiente:
1.El Pleno del Tribunal Electoral por más de 3 décadas había mantenido una línea invariable sobre la separación de la justicia electoral de la justicia ordinaria, cuidando responsablemente de incurrir en exabruptos o permitir la intervención de otros poderes públicos.
2. Que el fuero electoral penal tal y como está establecido en la legislación electoral panameña constituye un blindaje corrupto e innecesario para la efectiva realización de los procesos electorales internos de los partidos y movimientos políticos.
3. Que la tendencia internacional ha sido la eliminación de todo tipo de fuero, precisamente para evitar la apariencia de manipulación o de impunidad de la clase política frente a la justicia
4. Rechazamos toda invocación al principio de especialidad como un pretexto para evitar la acción de la justicia, especialmente cuando ya las autoridades diplomáticas del Estado requerido han informado por los mas diversos canales que no existe tal principio aplicable a este proceso.
5. Denunciamos la forma irresponsable en la que los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Arauz y Alfredo Juncá han debilitado la acción de la justicia penal y han permitido que el Tribunal Electoral se convierta en un salvoconducto para la corrupción.
Exhortamos a toda la comunidad mantenerse vigilante y exigir los correctivos inmediatos de esta situación, incluyendo las acciones de control constitucional para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia restablezca los roles institucionales de cada ente, y que al admitir los recursos impetrados en este sentido, se declare en sesión permanente para resolverlos con la mayor celeridad posible y así evitar la prescripción de causas penales en las que el Estado panameño perdió decenas de millones de dólares y fueron sacrificados los servicios públicos, de educación, salud y otros derechos básicos de la población panameña para beneficiar a políticos corruptos.
Carlos Lee Presidente
