DEL ROBO DE NUESTRA SOBERANÍA Y DEL SECUESTRO DE NUESTRA INSTITUCIONALIDAD.
Por: Dr. Silvio Guerra Morales.
El estado de cosas, respecto a este nefasto y por demás que vergonzoso contrato de concesión minera, sin duda alguna, se ha agravado. El pueblo, el verdadero soberano al tenor de lo que prescribe el artículo 2 de la Constitución Nacional, no lo quiere y ello fundamentado en razones muy sobradas y lógicas, amén de ser inconveniente para el país, para todos.
Se han olvidado, quienes gobiernan, que el poder público, toda emanación de él, proviene y sale del pueblo. Es en el pueblo donde radica la raíz madre de la legitimación de todo poder público y del poder político.
En ese sentido, merced a todas las manifestaciones que se han dado de clara repulsa, expresa y manifiesta, a que la Asamblea acceda a probar ese ignominioso contrato de concesión minera, el comportamiento de las autoridades y del propio gobierno central, deja mucho que decir. Poco o nada les importa, a las autoridades, el expreso disenso democrático de una nación, de su pueblo, que simple y sencillamente, toda hermanada, se opone a dicho contrato. El Gobierno Nacional acredita complicidad dolosa con intereses foráneos en detrimento y grave perjuicio de las riquezas naturales nacionales, victimizando al pueblo panameño a la precariedad y a la humillación e indignación nacional.
El supuesto “contrato minero”, dado que de “contrato” no tiene nada dada la abundancia de cláusulas leoninas, gravosas para el país, y que ha sido sometido al escrutinio de la Asamblea Nacional de Diputados, reitero, contiene cláusulas perversas y leoninas que subyugan y someten a la soberanía panameña y el territorito nacional.
Entiéndase que en un verdadero contrato de concesión minera, la batuta la lleva el Estado no la empresa minera. El tambor lo toca el Estado, no la compañía minera. Aquí, en este contrato, las cosas se invirtieron, es la empresa minera la que ha dictado las reglas del juego y ha impuesto sus condiciones. El gobierno se ha comportado simplemente, como un niño de escuela tomando los apuntes de todo aquello que dicta el maestro. Y así ha acontecido, pues ha plasmado en las cláusulas el querer y la absoluta voluntad de la empresa minera.
En este contrato se auspicia, se patrocina el robo de nuestra institucionalidad y para muestra un botón: No se podrá sobrevolar el espacio aéreo que esté por encima de las construcciones mineras de la aludida empresa o compañía que explota nuestro oro y otros metales o minerales. En otras palabras: prohibición de inspeccionar, para la empresa sería “vidajenear”, sea el gobierno o sean particulares. En nuestra propia casa se nos prohíbe todo.
Contiene dicho contrato clausulas falsarias, pervertidas con el ropaje de la mentira y el engaño, como por ejemplo, que el supuesto aporte de los 375 millones a favor del estado panameño, podría verse reducido a su mínima expresión de bajar la producción de la empresa en la explotación del metal precioso. Ello a partir del 1 de enero del año 2026 (ver Cláusula XV).
Que el supuesto aporte, amen de lo anterior, es ínfimo en atención a las ganancias que reporta, hasta el momento, la empresa minera. Ejemplo: Para el periodo entre los años 2019 al 2022, ante los accionistas de la empresa, la administración o gerencia de la empresa minera reportó ganancias en el orden de los 7,295 millones de dólares y a Panamá le tocó la “sobra” o la “migaja”, es decir, un porcentaje indigno y ofensivo, injurioso y lesivo a la dignidad de Patria como dueños de nuestro territorio.
Se autoriza, entre otras tantas cosas, la expropiación de los terrenos de los humildes campesinos y otros que tienen predios o inmuebles alrededor de las áreas mineras, tan así que de no querer vender los dueños de esos predios, puede recurrir la empresa ante la ANATI para adelantar trámites de expropiación. Quienes conocemos de los procesos de expropiación sabemos, de antemano, que el precio de compra lo fijan muy por debajo del valor que fije el dueño del predio. Amén de que nadie puede ser obligado a vender su tierra. Debe se un acto de libre disposición. Conocemos de la expropiación que puede hacer el Estado, pero que lo haga un ente privado es cuestión absurda.
En materia tributaria, las cosas está mas turbias y oscuras: No generarán riquezas impositivas al fisco. Todo está incluido allí en las migajas de los supuestos 375 millones. Es decir, cero beneficio para las arcas del Estado panameño.
A confesión de parte, relevo de pruebas: El Gobierno Nacional ni la empresa minera han negado, en ningún momento, que accionistas de esta compañía minera, son países u otros estados, tales como: China, Singapur y Corea del Sur. Esto es inconstitucional por demás que ilegal.
Este contrato de concesión minera más bien debería llamarse contrato de regalo minero, pues realmente eso es lo que se está dando. No es una nueva versión del Hay Bunau Varilla, aquel tratado contentivo dela nefasta clausula de “a perpetuidad” y que ningún panameño firmó, y ello dado que en este contrato, tristemente, quienes firman son panameños, y lo más gravoso, que sean nuestras propias autoridades. Dios bendiga a la patria!.
