ENERGIA ELÉCTRICA: LA PAGAMOS Y NO COMEMOS.
Por: Dr. Silvio Guerra M.
Académico Ex Presidente de la Academia Latinoamericana de Derecho Procesal Garantiste- Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal-Primer Puesto en el Concurso de Oratoria para Abogados dado en el Palacio de la Moneda, Santiago, Chile.
En fecha de 28 de julio de 2023, para la Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural El Periódico, mi hermano Ramiro Guerra, quien fue asesor legal del Sindicato del antiguo IRHE, escribió lo siguiente:
“Cuando se planteó privatizar el IHRE, me desempeñaba por asesor legal del combativo Sindicato de trabajadores del IHRE. Tratamos de evitar tal funesta decisión del gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares. La impresión que teníamos era, y sigue siendo, que se trataba de una imposición de las IFIS y en particular del FMI.
Recuerdo, que, en esa coyuntura, el destacado economista José Elogio Torres (q.d.e.p.), Catedrático de la Universidad de Panamá, se opuso con el argumento de que esa tesis, la de abrir el mercado eléctrico a varios agentes, para que, surtida la competencia, los precios pudieran tender a bajas, beneficiándose los usuarios era absolutamente falsa y, los años, han sido los mejores testigos de que el profesor Torres, tenía toda la razón.
Torres acotaba que éste, el panameño, es un mercado pequeño y lo más seguro que abriría el camino hacia un cartel del sector eléctrico, precios concertados y nula competencia. El tiempo, reitero, le ha dado la razón. En este sector, lo que menos existe, es la competencia. Energía carísima y servicios altamente deficientes.
Además, en los contenidos de la Ley 6 de 3 de Febrero 1997, que establece el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad, de la privatización del IRHE, se hicieron muchas concesiones a las empresas distribuidoras que surgieron a raíz del proceso de privatización del IRHE. Cierto que, adaptaron la forma de empresa mixta, pero casi o absolutamente nula la incidencia del Estado en la toma de decisiones de esas empresas.
Estas empresas distribuidoras, casi todas con capital accionario extranjero, no rinden, como debería ser, a la nación, dado que encubren sus ganancias en una forma contable que los favorece y en la que los gastos de personal técnico y de gerencia, extranjeros, se
llevan los altísimos salarios, descomunales, mientras que los panameños están sujetos a salarios mínimos.
Son estas empresas y las generadoras, exportadoras netas de enormes capitales hacia sus países de origen, generando con ello un gran escape de divisas que, en todo caso, deberían dinamizar nuestra casi quebrada economía.
Fuentes provenientes, conocedores del sector eléctrico, entre ellos, el SITIESPA, señalan que estamos en dirección a aumentos draconianos de la energía eléctrica, lo que golpeará a la población y el costo de la vida. Lo vengo denunciando: El país entrará en un periodo que, por presión de la IFIS, del FMI, trataran de imponernos medidas antipopulares”.
La síntesis del pensamiento de mi hermano frente a lo que me atrevería denominar como la gran crisis eléctrica en Panamá ,recoge el sentir de quienes hemos venido siendo críticos permanentes de lo que también calificamos como el gran atraco al bolsillo de los Panameños y de quienes residen en este territorio. Tan es así, patética realidad, que a ningún gobierno le ha interesado poner un alto a esta perversa expoliación que todas las empresas involucradas en el proceso de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica vienen, a diestra y a siniestra, haciendo con los fondos mínimos de la economía hogareña, dado que un altísimo porcentaje de los sueldos o salarios que tiene un hogar o familia, cada veintiún (21) días, va a parar a las arcas de las empresas que nos facturan por el tan deficiente e irregular servicio de la energía eléctrica. Son ellas: Naturgy y Ensa.
El Gobierno del Presidente José R. Mulino, definido como un gobierno de centro derecha, pero con profunda inclinación a la justicia social, tiene, sobre sus hombros, la suprema responsabilidad de salir a la defensa, al paso, de manera inmediata, de los sectores sociales y populares, todos, sin pañuelitos tibios ni vendajes, menos curitas, poner coto y ello a fin de hacer retornar, a los hogares y a las empresas, sin distinción alguna, los dineros que resulten, luego de un audito que acredite el robo, durante casi veintiocho (28) años, de la diferencia entre el consumo real y el consumo ficticio o
distorsionado de la energía eléctrica, y que le han hecho al país las empresas Naturgy y Ensa con la complicidad o el silencio de ASEP y ETESA.
Por ello, nuestra denuncia ante la Procuraduría: Delitos de estafa colectiva y falsedad ideológica, sin defecto de otros delitos -distorsiones de precios en el mercado- presentada en fecha del día miércoles 10 de julio del año que transcurre. Gracias mil a todos los que concurrieron o se hicieron presentes, a pesar de la hora de la convocatoria (10:30 a.m.), ya personalmente o a través de las redes.
Para algunos sectores, las opciones de solución transitan en : a. Que el Estado recupere la prestación del servicio público de la electricidad; b. Que mediante una contundente y categórica reforma a la Ley 6 de 3 de Febrero de 1997, se consagre la concreta posibilidad de que el Estado panameño tenga participación directa en la administración y prestación de este servicio, con derechos de intervenir y tomar las riendas de ese servicio cuando advierta la deficiente, irregular e ineficacia prestación del mismo, inclusive para ordenar y realizar auditorias proyectadas a determinar, en bien de todos los asociados y el pueblo panameño, la justa, objetiva y legal relación, verdadera correspondencia, entre el consumo real del fluido eléctrico y el costo o servicio facturado para cada usuario o ciudadano. ¡Dios bendiga a la Patria!
