Los jubilados que viven muy limitados y con muchas necesidades en Panamá, ponen sus esperanzas en el Presidente Mulino
Por: Luis Enrique Ruiz M.
Periodista
Según informe de la Caja de Seguro Social (CSS), hasta octubre del 2023 la planilla regular de pensionados y jubilados de la entidad era de 310,775 personas y el monto neto desembolsado por la Institución para el pago de esa quincena fue de B/. 73.3 millones.
Este mismo informe, destaca que un promedio de 1,645 pensionados ingresan mensualmente a la planilla regular de pensionados y jubilados, lo que dificulta aún más la ya maltrecha situación económica del programa IVM de la CSS, y que es del conocimiento de los panameños, quienes esperan que los involucrados en buscar una solución se pongan de acuerdo y encuentren una salida efectiva durante el lustro que inicia este 1ro de julio.
Pero esta no es la única amenaza que avasalla a nuestros adultos mayores; muy relacionado a la situación de las pensiones, está el tema de los medicamentos, mismos que conforme pasa el tiempo, cada vez más se dificulta la posibilidad de obtenerlos por sus bajos recursos económicos. En este punto, es importante recordar que en este grupo de personas las enfermedades más comunes son la hipertensión arterial y la diabetes Mellitus tipo dos; y enfermedades infecciosas, dentro de las cuales están las infecciones de las vías respiratorias y las infecciones de las vías urinarias, situación que para muchos se les hace casi imposible cubrir sus necesidades vitales de medicamentos con las pensiones que actualmente reciben.
Además, la canasta básica alimenticia no incluye algunos enseres que necesitan los adultos mayores, como la luz, agua, transporte, ropa entre otras necesidades básicas que requiere todo individuo. Las pensiones y jubilaciones de Panamá no están vinculadas al costo de vida. El problema de los adultos mayores es que las jubilaciones son bajas; incluso para muchas personas que ganan salarios mínimos tienen el problema que no les alcanza para cubrir el costo de la canasta básica total.
En Panamá, existen miembros de este segmento de la población que les va mucho peor, ya que son despojados de su salario o del subsidio de los B/.120.00 que les entrega el Estado, que en lamentables y cada vez más frecuentes ocasiones, en vez de ser una ayuda, se convierte en motivo de conflicto, ya que los familiares se apoderan de esos fondos y no atienden las necesidades de sus parientes longevos.
Incluso aprovechado su situación, son despojados de sus bienes adquiridos, los engañan y pasado un tiempo, quedan totalmente desprotegidos y en la calle porque le han vendido sus bienes y los ingresan en contra de su voluntad a alguna casa hogar.
Lamentablemente, para algunos sectores, los adultos mayores en Panamá son una población “excluida” porque existen una serie de políticas sociales que no van dirigidas a atender el bienestar social, no sólo en términos de salud, sino también en términos de vivienda y otros aspectos antes mencionados.
Me llamó la atención lo que me expresó una residente del distrito de Ocú en la provincia de Herrera, quien asegura que la mala atención, no solo en instituciones públicas, sino también en entidades privadas, dificulta el día a día de estos panameños. Según esta persona, en estos sitios que deben prestar un servicio eficiente y con respeto para todos, tratan al adulto mayor como si fuera de menor categoría, incluso irrespetando normas legales que preservan los derechos humanos de nuestros viejitos.
En este punto, es imprescindible que la nueva administración gubernamental, doble esfuerzos para mejorar la atención de los usuarios de los servicios públicos y muy especialmente en el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Es increíble que luego que el doctor envía la receta digital, los viejitos se ven obligados a realizar una fila, solo para recordarle al farmaceuta que hay una recta a su nombre, cuando lo correcto en estos tiempos es llegar a la farmacia y solo esperar que le entregue el medicamento.
A las autoridades locales les pedimos que adecuen o construyan espacios públicos donde los jubilados puedan realizar actividades físicas de acuerdo a sus circunstancias al aire libre y con seguridad. Igualmente, pueden auspiciar la venta de alimentos saludables en estos sitios que mejore la calidad de vida de nuestros viejitos y a la vez sería una fuente de empleo para otros segmentos de la población.
También es hora de actualizar normas legales como Ley No. 6 de 16 de junio de 1987, por la cual se adoptan medidas en beneficio de los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera y cuarta edad. Comúnmente conocida como “Ley de los Jubilados”, que contempla unos 23 descuentos y beneficios a los que tienen derecho los jubilados y que luego de 37 años quedó obsoleta.
