REACCIONANDO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA RECIENTE EVALUACIÓN A NUESTROS ASPIRANTES A ABOGADOS
Por: Jorge Zúñiga Sanchez (docente universitario y analista político)
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Como el problema ya se veía venir, ya debíamos estar prevenidos para recibir el impacto social de su explosión. El asunto ha sido tema central de muchos simposios y congresos de expertos docentes universitarios, en los que se excusa al docente, y se le traslada al estudiante gran parte de la responsabilidad. El tiempo ha pasado, y con ese particular estilo “muy a la panameño”, simplemente nada pasa, pues al final de todo, pragmáticamente dejamos a que sea la “maestra vida” la que terminará por aprobar o reprobar a los malos estudiantes.
Repentinamente la comunidad abogadil ha amanecido sorprendida, y por todas las vías se han lanzado “gritos al cielo”, al conocerse los resultados desastrosos obtenidos en las pruebas y evaluaciones a los que se debieron someter un grupo de aspirantes a abogados, que esperan recibir su idoneidad para ejercer la abogacía, lo que pone en tela de duda la calidad de la formación académica certificada en sus títulos universitarios.
El derecho es una carrera dictada en la mayoría de las muchas universidades establecidas en el país, cuyas carreras, planes y programas de estudios, y el estado de sus estructuras físicas y su funcionamientos administrativos, son fiscalizadas por las autoridades de la Universidad de Panamá. Al parecer, si a este nivel todo parece funcionar correctamente, no tendría explicación alguna, semejante desastre.
Nos encontramos ante el mismo ciudadano que recibió un título universitario y que reprueba esas pruebas, mismo que forma parte de los miles y miles de estudiantes de primaria y secundaria, de los que los indicadores y estándares internacionales lo muestran con tal perfil, que para “legos y cultos” deja mucho que desear. La demagogia politiquera ha obstaculizado enfrentar el problema con visión de país, y todo se queda postergado para que lo resuelva el siguiente gobierno.
Y para colmo de males, si la crisis moral que ha corrompido todos los espacios de la vida pública y privada; ¿qué nos hace pensar que nuestros estudiantes universitarios, a lo largo de su carrera se esmerarán por su superación académica? Con la complicidad de muchos, la sociedad está regida por la “ley del menor esfuerzo”, según la cual el mérito y el talento deben cederle espacio “al juega vivo”.
La carrera de derecho no prepara al estudiante para ejercer exclusivamente la abogacía. Po el contrario, le hace apto para desempeñarte profesionalmente en la rama de la judicatura, la docencia, la investigación científica, la asesoría y la consultoría. Pero si observamos bien, la idoneidad profesional que se les expide, es para ejercer “la abogacía” en todos los tribunales del país, y tal vez en un futuro no muy lejano para ejercerla en otros países.
Asumimos que la evaluación final que presenta el aspirante a abogado antes las autoridades judiciales, guarda relación con el contenido académico o profesional. Creemos entonces que este ha de ser el primer punto que habría que revisa, pues si entre lo enseñado en las universidades y el contenido de las evaluaciones no existe una perfecta correspondencia, entonces recibirá un fracaso todas las evaluaciones que se realicen. Los abogados del siglo pasado, fuimos formados en una cultura altamente litigiosa, mientras que merced del pragmatismo imperante en los tiempos modernos, el abogado del siglo XXI debe comulgar con las salidas negociables en ahorro de tiempo y esfuerzo, y recurrir en casos extremos a los tribunales.
Por la experiencia docente formando abogados, no puedo evitar sentir que este problema “me explota en la cara”. Por eso me causa un fuerte malestar el tono altisonante e irresponsable con el que muchos comunicadores e incluso colegas abogados, se refieren al tema. No creemos que este problema comprometa en exclusiva a los que salieron desfavorecidos en esas evaluaciones, sino que pone en entredicho las capacidades y habilidades de los educadores, y hasta las de los que no tuvimos que someternos a esas pruebas.
Por cuanto que hablamos de deficiencias formativas, planteamos la necesidad de una capacitación permanente a fiscales jueces, en la convicción de esto es una paso fundamental hacia la solución a los problemas de la justicia, pues las además de las habilidades y competencias académicas, son otras las que requieren ser perfeccionadas para asegurar el óptimo del oficio judicial.
Reiteramos que consideramos que para atender con pertinencia el problema que ha desatado los resultados de las pruebas rendidas por los aspirantes a abogados ante la Corte Suprema de Justicia, urge establecer que esas pruebas se ajusten a los contenidos ya evaluados a lo largo de la carrera universitaria, sin rebajar el nivel ni el rigor de la evaluación. Termino estas reflexiones constructivas, con estas interrogantes: ¿Cuál sería la situación del licenciado en derecho, que no supera las evaluaciones exigidas? Quedará en la misma situación del estudiante extranjero que se graduó en Panamá, pero al que por razón de extranjería, no se le podrá otorgar una idoneidad para ejercer la abogacía.
