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OPINIÓN

Solución a la crisis del agua

Franklin Castrellón

Periodista

 

En las postrimerías de un gobierno que se caracterizó por su indiferencia a la solución de la crisis de agua que sufren el Canal de Panamá y gran parte de la población panameña, las coordenadas están alineadas para que, a partir del 1 de julio de 2024, se den los pasos necesarios para resolver ambos problemas. Al menos ese es el alentador mensaje que han transmitido tanto el presidente electo, José R. Mulino, como su ministro para Asuntos del Canal, José R. Icaza, quien también será secretario de Metas.

Frente a las fuertes y prolongadas sequías causadas por el cambio climático y la cada vez más frecuente recurrencia del Fenómeno del Niño, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) solicitó al órgano ejecutivo en septiembre de 2023 que impulse una ley que elimine la restricción legal a esta agencia para construir nuevos embalses, y que se amplie la cuenca hidrográfica actual para incluir las cuencas de Rio Indio, Coclé del Norte, Miguel de la Borda, Toabré y Caño Sucio.

Esas acciones permitirán a la agencia canalera ejecutar el proyectad reservorio multipropósito de Rio Indio, y contar con reservas adicionales que le permitirán satisfacer las necesidades de agua potable de la región metropolitana y de las operaciones del Canal durante los próximos 50 años. La necesidad de desarrollar ese proyecto ha sido señalada tanto por el actual administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez Morales, como por los exadministradores Alberto Alemán Zubieta y Jorge L. Quijano.

Desde que era candidato a vicepresidente en febrero de 2024, el hoy presidente electo se manifestó en favor de que se reincorpore el Rio Indio a la cuenca hidrográfica del Canal. “No se puede poner en peligro la supervivencia de la vía interoceánica, elemento distintivo de la nación panameña”, subrayó en esa oportunidad. Y sobre el tema del agua, dijo que crearía una Autoridad Nacional de Agua autónoma y con capacidad de gestión.

Y tras su elección como presidente expresó el 9 de mayo su disposición de trabajar con los diputados de la Asamblea Nacional para lograr la aprobación de la ley que permita a la ACP construir embalses. Señaló que se propone que esta sea la primera ley aprobada por la Asamblea Nacional bajo su gobierno, lo que permitirá al Canal afrontar futuras sequías sin afectar su capacidad ni su confiabilidad como una de las principales rutas del comercio mundial. 

Este giro de 180 grados con respecto a la irresponsable actitud del gobierno saliente representa un alivio para la administración de la ACP y su Junta Directiva, que habían agotado esfuerzos para que este gobierno apoyase su iniciativa. La ACP ha aprobado un ambicioso plan de inversiones de $8,500 millones en los próximos seis años que incluye $2,000 millones para el desarrollo de proyectos hídricos; de estos, $1,000 millones serán destinados al proyecto de Rio Indio, incluyendo la atención de las necesidades de esa población.

De hecho, como parte de un contrato suscrito en 2017 con el Ministerio de Ambiente, la agencia canalera había desarrollado una serie de estudios y actividades para la elaboración del diseño conceptual de un reservorio multipropósito en la cuenca del Rio Indio. Ello incluyó estudios técnicos de ingeniería, así como agroforestales, silvopastoriles y un plan de relaciones con la comunidad.

El enfoque para acometer ese proyecto debe comenzar por atender las necesidades de los residentes del área que será inundada, como son el pago de indemnización, la construcción de viviendas adecuadas, escuela, centro de salud, suministro de agua potable y darle prioridad a sus habitantes en los trabajos que serán necesarios. Además, el reservorio será un área turística, de pesca y generación de energía. Todo ello mejorará la calidad de vida de esos pobladores. Se calcula que este proyecto pudiese estar ejecutado en unos 5 años a partir de su aprobación.

El proyecto de 2017 también incluyó el análisis del potencial del Rio Bayano para producir agua potable, a fin de atender la demanda de Panamá Este, lo que aliviaría la presión sobre las plantas que se nutren de los Lagos Gatún y Alhajuela. Pero para acometer este proyecto, el gobierno tendría que adquirir de AES su participación accionaria en la Represa de Bayano (49.7%), aproximadamente $300 millones. 

La ejecución de ambos proyectos, sumado al perfeccionamiento del Canal Seco Multimodal de Trasbordo de Panamá, deberá fortalecer la confiabilidad de la ruta panameña, abonando el terreno para el incremento de la inversión extranjera directa (IED) en el Hub de las Américas. Se crearán así condiciones favorables para que en corto plazo Panamá recupere el grado de inversión perdido con la Calificadora de Riesgo Fitch. La materialización de ese promisorio futuro depende del próximo gobierno.